La garantía de acceso a la justicia para niños en materia penal no se cumple plenamente, ello se debe -entre otras causas-, a la actual a estructura procesal de administración de justicia: diseñada como una copia del esquema vigente en los adultos.Si el sistema retributivo no responde al principio de interés superior del niño -y quizá plenamente a ninguno de sus derechos-, se hace necesaria una nueva forma de abordar la respuesta penal vigente mediante un diseño de gestión procesal que privilegie la justicia juvenil restaurativa, antes que al castigo puro y simple.Sin abandonar la descripción del sistema procesal penal juvenil, esta investigación se centra en explicar los procedimientos que actualmente existen en la administración de justicia denominada "especializada", pero no solo para desenmascararlos como herramientas de sanción sino para que desde su propia estructura se generen nuevos modos que abran espacios de concertación, diálogo entre partes, y posibiliten el cambio procedimental hacia un sistema juvenil restaurador.Particularmente, se estudian las etapas investigativas, las de juzgamiento, sanción y ejecución de la pena, a las cuales son sometidos los menores de dieciocho años de edad. Todo ello a la luz de la Convención Internacional de Derechos del Niño (en especial los Arts. 12, 37 y 40), describir sí, criticar también, pero planteando caminos de transformación a diseños sencillos de des judicialización y reparación, para que sean las partes y no solo un tercero quienes acuerden esas salidas no violentas de sus situaciones problemáticas, deconstruyendo el binomio delito-pena.Estas ideas permiten reconocer la deslegitimación del poder punitivo y su incapacidad para resolver conflictos, mediante el reemplazo o sustitución por modelos de solución de controversias diferentes. No quisiera llamarlos métodos alternativos de solución de conflictos (MASC), pues lo normal, lo obviamente lógico es que un conflicto se solucione por el diálogo y no por la represión. Lo alternativo, lo anormal realmente es el castigo, no la solución pacífica.El texto aborda desde la práctica un problema básico en materia de Justicia Penal Juvenil, y es la ausencia de cumplimiento entre lo declarativo y la ejecución legal. Y es que si bien la mayoría de países en el mundo han suscrito la Convención de Derechos del Niño, la práctica devela una realidad procedimental carente de eficacia y hasta violatoria del corpus iuris internacional de Derechos Humanos.La pena ha resultado en provocadora de mayor daño del que se quiso evitar, el fin penal logra convertirse en generador de violencia y no en rehabilitación -de ser ese su ideal-. No evita reincidencias, pues por un lado, causa sufrimientos innecesarios que socialmente se reparten en forma injusta; por otro, no tiene efectos positivos sobre las personas involucradas en los conflictos; y -finalmente- su contralor es difícil.Resulta entonces esperanzador el camino restaurativo en tiempos de populismo punitivo. Los procedimientos deben entonces ajustarse y calibrarse para que esos preceptos normativos favorables a los niños y adolescentes, sean en algún momento posibles, advirtiendo que la juventud es una construcción social.Si el interés superior del niño recogido en la Convención de Derechos del Niño, supera la simple legalidad para orientar las acciones de los Estados hacia políticas públicas restaurativas, se impulsa con ello el desarrollo de la cultura, se aspira igualdad y acato de los derechos de humanos en la práctica y no en la mera formalidad.