Si hablar de inteligencia es hacerlo en términos de funcionamiento cognitivo (individual) y de adaptación y funcionamiento en los contextos (socio-cultural), con el termino de discapacidad intelectual se hace referencia a un estado de desarrollo de las capacidades cognitivas, de habilidades en general y de la autonomía personal y social, con menor grado de eficacia o ejecución, en un contexto no accesible o de menor grado de recursos y apoyos. En efecto, la discapacidad intelectual se manifiesta en el comportamiento de la persona, por lo que podría definirse como un estado particular de funcionamiento personal-social, caracterizado por la relación y las limitaciones, tanto de tipo cognitivo como de adaptación, que una persona tiene con los contextos y en las expectativas de su medio ambiente. De acuerdo con lo anterior, la valoración de la discapacidad intelectual nos indica un agrupamiento de síndromes y trastornos, que se caracterizan por una deficiencia de la inteligencia y limitaciones asociadas en el comportamiento de adaptación. Esa valoración conlleva una expresión en términos de trastornos del desarrollo evolutivo, en la medida que se aprecian desfases respecto a lo que cabría esperar para márgenes de edad, pudiendo concluir en un diagnóstico de trastorno del desarrollo neurológico o del neurodesarrollo. Con todo, estaríamos afirmando la realidad de una persona y su conducta, con un menor grado de eficacia en sus actuaciones personales y de desarrollo social y de relaciones, respecto al resto de individuos de su comunidad. Trasladado a ámbitos de desarrollo (psicosocial, educativo, de salud, familiar, ...) cualquier intervención debe realizarse sobre las potencialidades cognitivas y de desarrollo de habilidades y estrategias intelectuales y de aprendizaje. En este sentido, la evaluación psicológica y pedagógica deberá contemplar, al menos, los aspectos de: a) Capacidades intelectuales y desarrollo cognitivo en general; b) Conducta adaptativa, aspectos socioeducativos y de contexto; c) Desarrollo curricular y de aprendizajes. Todo ello, con interés de justicia social y de esperanzas en un desarrollo de la persona evaluada, ya que en ésta ha de perseguirse un proyecto de vida, objetivos con los que crecer como persona y ciudadano, y no como el alumno que no puede, al que hay que tratar distintivamente, con el apartamiento curricular que, implícitamente, conllevan los estigmas negativos del diagnóstico (Luque, 2007; 2010). En todos esos ámbitos, cualquier diagnóstico, tiene su importancia en la medida que, como entidad nosológica, sirve para situar y precisar el caso, a la vez que permite una información compartida entre los profesionales y las familias. Pero, también, debe contrarrestarse el riesgo de "etiquetaje" innecesario que, lejos de contribuir a la normalización, acrecienta los efectos negativos del estigma del trastorno o de la discapacidad intelectual. Por lo tanto, las evaluaciones psicoeducativa y pedagógica del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y la del alumnado con discapacidad intelectual en particular, debe hacerse sobre un análisis profundo y riguroso de sus características personales y de contexto, de sus necesidades educativas y de las propuestas de intervención. Sólo cuando tengamos el convencimiento de que esta evaluación ha sido realizada en forma y contenidos, y ajustándose a los criterios clínicos y educativos, podremos afirmarnos en un diagnóstico, resultado siempre de la observación y de la reflexión, o si se prefiere, de la ciencia y de la conciencia; de esta forma, el margen de error será minimizado y servirá sólo para lo que es: designar, nombrar y clasificar una situación de persona - contexto, sobre la que sólo queda construir su desarrollo educativo (Luque y Luque-Rojas, 2015). En este texto, dirigido a estudiantes y estudiosos, preocupados por el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual, se pretende