La presente obra es una recopilación periodística, en la que se intenta dimensionar el problema que genera la minería en un modelo económico-político neoliberal, así como establecer claramente sus repercusiones en lo económico, político, social y ambiental, para posteriormente ofrecer un modelo de solución integral probado. Así pues, la minería es una actividad económica destructiva o constructiva: todo depende del rol de la autoridad y del modelo económico en el que se sustente. Si bien la minería es una actividad que representa aproximadamente el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en México, también hay que reconocer que es una actividad que ha generado múltiples conflictos con las comunidades locales, que son las legítimas dueñas de los territorios. En suma, en México hay 64.5 millones de hectáreas de bosques y selvas, de las cuales el 22.56 por ciento se encuentra concesionado o asignado para el desarrollo de actividades mineras y hay estados en los que más del 50 por ciento de los bosques de propiedad social están concesionados, sin que la autoridad pueda aun, establecer un modelo de desarrollo integral entre sus propias dependencias: "transversal", como les gusta llamarlo. Así mismo, el 70 por ciento de las concesiones mineras de México están en manos extranjeras, de las cuales un 74 por ciento se encuentran controladas por compañías canadienses.El crimen organizado tiene un papel central en el despojo, siendo que las actividades ilícitas son diversas e incluyen la venta de maderas preciosas en peligro de extinción y de minerales como hierro y plata a China, cuya presencia durante casi dos décadas ha generado una situación de temor generalizado en la población y ha provocado pérdidas humanas y económicas preocupantes. Por lo menos desde 2002, la región del Pacífico y el Golfo mexicano ha sido el laboratorio de operaciones financieras para diversos grupos criminales, como los Zetas, la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.Se han denunciado, en varias ocasiones, los vínculos entre las mineras, los partidos políticos y el crimen organizado, hasta antes de 2015 cuando se celebraron las últimas elecciones locales, en donde, según testimonios de autoridades agrarias y pobladores, se presume que, por poner un ejemplo, integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, orquestaron todo un aparato criminal que benefició a empresas mineras y madereras y a los Caballeros Templarios principalmente. Las modificaciones de uso de suelo, por parte de funcionarios, para beneficiar a los consorcios mineros también son comunes en estas localidadesPor su parte, por lo menos 8.314 especies de animales están en alguna categoría de protección, por enfrentar riesgo de desaparecer por actividades económicas extractivas. En 2017, se reportó el inicio de ocho proyectos mineros que se suman a los más de 100 existentes. Éstos (así como los megaproyectos energéticos, aeroportuarios, carreteros y agroindustriales) agravan la situación para centenas de especies amenazadas y representan un consumo de agua exorbitante, así como la contaminación de los mantos acuíferos.Lo mismo pasa con el crimen organizado: en el país se deforestan 500 mil hectáreas de bosques y selvas cada año, y alrededor del 70 por ciento del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal, lo cual agrava significativamente las condiciones de los hábitats y las especies que en ellos habitan.Los costos sociales no son menores, siendo que existen centenares, tal vez millares de historias de defensa de la tierra, sus recursos y las comunidades, así como del abuso, despojo, desaparición forzada, así como muertes de comuneros, periodistas y activistas relacionadas con la oposición a actividades extractivas desde la óptica neoliberal. Siendo que, en esta obra, intentamos reflejar de manera simbólica las que nos parecieron más representativas, sin intentar ser exhaustivos en e