El Decreto expropiatorio de la Revolución cubana, también conocido como Ley No. 890, fue una legislación clave promulgada por el Gobierno Revolucionario de Cuba, bajo la presidencia de Osvaldo Dorticós Torrado. Este decreto fue una medida radical que buscaba reestructurar de manera significativa la economía cubana, poniendo en práctica los ideales y objetivos de la Revolución Cubana de 1959.

El decreto se justifica en múltiples Por cuanto, que delinean las razones y la necesidad de tomar acción tan drástica. Se argumenta que el desarrollo económico de la nación solo puede lograrse mediante una planificación económica adecuada, el aumento y la racionalización de la producción y, sobre todo, el control nacional de las industrias básicas. Además, se menciona que muchas grandes empresas privadas han estado actuando en contra de los intereses de la Revolución y del desarrollo económico de la nación. Aquí, estas empresas son acusadas de sabotear la capacidad productiva de Cuba, de invertir capital en el extranjero y de abandonar la administración directa de sus fábricas, entre otras cosas.

Este Decreto expropiatorio propone la nacionalización mediante expropiación forzosa de todas las empresas industriales y comerciales, así como de otros bienes relacionados. Esta nacionalización masiva se justifica como una necesidad imperante para transformar la economía y para disolver el poder económico de supuestos intereses privilegiados que conspiran contra el pueblo y la Revolución.

Otro aspecto crucial mencionado en el decreto es la transformación del comercio exterior de Cuba. Se argumenta que el control nacional de las importaciones es esencial y que la existencia de grandes empresas importadoras que operan por el simple estímulo del beneficio personal es un obstáculo para la nueva política de comercio exterior.

El decreto se ampara en el Artículo 24 de la Ley Fundamental de la República, promulgada, poco antes, el 7 de febrero de 1959, para llevar a cabo la expropiación forzosa de estas empresas.

La Ley No. 890 fue un hito en la historia de la Revolución Cubana, marcando un cambio profundo y controvertido en la estructura económica del país. Buscó desmantelar el poder económico de ciertos sectores, y sometar a las fuerzas económicas del país a los ideales y objetivos de la Revolución. Esta ley también llevó a tensiones y conflictos con países extranjeros y empresas multinacionales que se vieron afectadas por la nacionalización, contribuyendo a la compleja relación entre Cuba y el resto y los Estados Unidos de América en los años posteriores.