El presente documento que se deja a disposición de la comunidad académica, tiene como fin estudiar el control y bloque de constitucionalidad colombiano, para verificar su relación con el control de convencionalidad interamericano, a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta relación, se encuentra que la Carta Política colombiana es mucho más amplia que su texto constitucional, pues concurren otras disposiciones, contenidas en otros instrumentos o recopilaciones, que también son normas constitucionales, que concurren al texto dándole mayor volumen y alcance. Al respecto la Corte constitucional ha sido amplia en precisar que que las normas que integran el Bloque de Constitucionalidad tienen jerarquía constitucional, y, por tanto, son verdaderas fuentes de derecho que deben ser observadas por los jueces en sus providencias, pues su desconocimiento involucra violación a normas superiores; por tanto, su interpretación debe ceñirse a la dogmática y hermenéutica que le son propias. Así las cosas, el control de convencionalidad visto desde la perspectiva de la jurisprudencia y doctrina colombiana, tiene un fundamento jurídico interno en la Constitución Política, vía bloque de constitucionalidad, y otro fundado en el derecho internacional convencional, en la Convención de Viena de 1969 -de la cual Colombia es parte- en la denominada regla "Pacta Sunt Servanda" y en la obligación de los Estados pactantes de honrar sus compromisos internacionales, sin posibilidad de invocar disposiciones de su derecho interno, salvo lo dispuesto en el artículo 46 del mismo instrumento internacional. Por tanto, el control de constitucionalidad sobre normas jurídicas internas que reconozcan y regulen derechos humanos que no puedan ser limitados en estados de excepción, se ejerce atendiendo a lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por Colombia, lo cual necesariamente involucra al denominado "Control de Convencionalidad". Es así como el Estado colombiano tiene la obligación convencional de cumplir los tratados internacionales de los cuales sea parte, incluyendo los de derechos humanos, entre estos, la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, y, por tanto, se constituye en garante de los derechos allí consagrados, tal como lo ha reconocido en reiterada jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos.