El 1 de julio de 2022 el portal Costa del Sol reprodujo el reportaje "La lentitud en el sistema judicial venezolano se afinca en vulnerar los Derechos Humanos", de la autoría de Guiomar López, de La Prensa de Lara, Barquisimeto, donde al inicio se lee:
- "Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía", dijo el filósofo romano Seneca y es la célebre frase que retumba entre los venezolanos, indefensos con el sinsabor de un sistema judicial caracterizado por el retardo procesal y con el clamor de no perder la esperanza de la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI). Especialistas denuncian que no se respetan los lapsos y la anarquía nubla los derechos humanos, jugando al cansancio de las víctimas en procura de sentencias.
El 11 de mayo de 2022 medios nacionales e internacionales divulgaron el informe presentado ese día por la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), según el cual se registró un aumento de 148% en los casos de tortura entre enero y diciembre de 2021.
La vocera de esa ONG, Lissette González, indicó igualmente que "En el derecho a la integridad personal se logró registrar, durante 2021, 241 presuntas víctimas de tortura a nivel nacional, eso significa un aumento importante de 148 % con respecto al año anterior".
Agregó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) fue el organismo de seguridad "más denunciado" por estos casos e indicó que en 2021 la organización registró 441 personas víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
-Los recintos donde hay más denuncias -señaló- es en la sede del CICPC en El Hatillo y la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Boleíta", ambos ubicados en el Estado Miranda, cercano a Caracas.
Con los cuerpos de seguridad del estado y los tribunales penales como principales ejecutores de la escalada represiva, el gobierno pretende, infructuosamente, objetivos muy difíciles, por no decir imposibles. Agotado y desgastado el discurso del bloqueo imperialista, de los atentados presuntos a miembros del alto gobierno, de los supuestos saboteos al suministro de servicios vitales como agua y electricidad, así como el de las erráticas y aisladas aventuras inconstitucionales de sectores opositores, todas fracasadas -por el bienestar de la patria-, el gobierno retoma el guion de intentar acallar la protesta popular sin resolver sus causas.
